Entre ellos está la posibilidad de fraudes en la compra de chips virtuales por parte de ciberdelincuentes, así como dificultades para el uso de aplicaciones bancarias, de streaming
Entre ellos está la posibilidad de fraudes en la compra de chips virtuales por parte de ciberdelincuentes, así como dificultades para el uso de aplicaciones bancarias, de streaming y comercio electrónico, debido a discrepancias entre la ubicación registrada en México y el país desde el que realmente se establece la conexión.
“Estas formas de comunicación son una opción, pero se debe tener mucho cuidado porque los cibercriminales están muy atentos a estos temas”, dijo Ruiz.
La situación se agudiza mientras se acerca la fecha fatal del registro telefónico: el próximo 30 de junio, día en el que las compañías móviles deberán deshabilitar todas las líneas telefónicas que no fueron vinculadas.
Según datos de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) al 19 de abril, se tienen vinculados 30,2 millones de líneas móviles de las 161 millones en operación, es decir, sólo el 18,7%.
De ese universo el 29% corresponde a AT&T, lo que equivale a 8,7 millones de líneas; Mientras que de Telcel corresponde el 19%, implicando 5.7 millones, una cifra que dista de los 84.3 millones de clientes que tiene actualmente.
Las cifras de los operadores reflejan la negativa de los usuarios a la política de vinculación de líneas, mientras la autoridad reguladora insiste en que no habrá prórroga. Jorge Bravo detectó que con el ritmo de vinculación actual será imposible que todos los números telefónicos queden registrados el próximo 30 de junio y sin un nuevo plazo, el país podría vivir una desconexión masiva sin precedentes.
Una línea telefónica no solo funciona para llamar, sino que se convierte en un habilitador de la economía digital. A través de ese servicio, las personas pueden emplearse en plataformas digitales como Uber, DiDi, Mercado Libre, pero si se bloquea esa conectividad será imposible que los mexicanos puedan continuar su actividad laboral.
“No se puede supeditar un derecho fundamental como es la conectividad a la seguridad pública, es legítima, pero no es superior a los derechos constitucionales”, opinó Bravo.
La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) inició el pasado lunes una campaña a nivel nacional con la finalidad de incentivar a los usuarios a registrar sus números al padrón de telefonía. Pero los analistas coincidieron en que el esfuerzo llegó tarde, mientras las dudas y cuestionamientos de la ciudadanía crecieron y no fueron atendidas, será más complejo que acceder a registrar sus líneas.
«La CRT confió en que la gente iba a actuar por miedo y pasó todo lo contrario tienen paralizado el registro. Los operadores hacen lo que les corresponde; salvar al regulador no forma parte de sus responsabilidades. Ahora a la autoridad le corresponde hacer bien las cosas», demostró el presidente de la Amedi.
A 68 días del vencimiento del plazo, el registro de líneas móviles sigue lejos de alcanzar su objetivo, en un contexto marcado por desconfianza y baja participación. Aunque la autoridad mantiene la fecha límite sin cambios, el avance limitado del proceso abre interrogantes sobre su viabilidad y sobre el impacto que tendría una eventual desconexión masiva en la conectividad y las actividades digitales del país.
