S

hay un ámbito donde el El libre comercio mostró su fracaso estructural en la agricultura. Ahí se desplomó la promesa de que la apertura traería eficiencia, crecimiento y bienestar. El T-MEC no corrigió la asimetría entre México y Estados Unidos; la institucionalizó. Ambos países conservaron la posibilidad de apoyar a su sector agropecuario como si partieran de condiciones semejantes. No es así. Estados Unidos sostiene a sus productores con subsidios, seguros, crédito, infraestructura y tecnología. México los expuso con mucho menos respaldo. Eso no es competencia: es una relación estructuralmente desigual.

Ésa es la clave que suele ocultarse. México no compite sólo contra agricultores estadunidenses, sino contra el Estado estadunidense. Detrás de cada tonelada de maíz, trigo o soja que entra al país hay un sistema público que reduce los riesgos y garantiza los ingresos. Del lado mexicano, amplias regiones rurales enfrentaron la apertura con baja productividad, escaso financiamiento y una política pública fragmentada. El resultado fue previsible: los productos importados desplazaron a los productores nacionales y erosionaron la base económica del campo.

El maíz lo sintetiza todo. México, su centro de origen, se volvió crecientemente dependiente de importaciones provenientes de Estados Unidos. Lo que era el núcleo de la alimentación y de la economía rural quedó subordinado a una lógica externa. Eso no es modernización agrícola. Es pérdida de control sobre el material base del país.

Y esta situación ya no es sólo económica: es política. Detrás del maíz barato no están únicamente los agricultores estadunidenses, sino una coalición de intereses asentada en el cinturón cerealero del Medio Oeste y las Grandes Llanuras. México se convirtió en una salida decisiva para ese excedente subsidiado. Por eso el problema no es el comercio, sino el arreglo que lo sostiene: el tratado no abrió un mercado neutral; consolidó un mecanismo en el que México absorbe granos subsidiados que sostienen ingresos y poder territorial del otro lado de la frontera, mientras aquí se desmontan productores, comunidades y márgenes de soberanía.

Lo que siguió no fue modernización, sino fractura. De un lado, enclaves agroexportadores exitosos – bayasaguacate– profundamente integrados al mercado estadunidense. Del otro, vastas regiones rurales sin alternativas productivas viables. Ese éxito es real, pero es parcial, concentrado y dependiente de cadenas dominadas por grandes empresas, muchas de ellas extranjeras. No es un campo fortalecido; es un campo partido.

La apertura no generó empleos suficientes ni ingresos estables. Para millones, la salida fue migrar. Pero no todos pudieron hacerlo ni todos encontraron trabajos dignos fuera de sus comunidades. Y ahí aparece una de las consecuencias más incómodas del modelo: cuando la economía formal deja de ofrecer opciones, otras economías ocupan su lugar.

La destrucción del campo no sólo expulsó población; desorganizó territorios completos. Donde la agricultura dejó de ser viable, donde se rompieron los mercados locales y donde el Estado no construyó alternativas, quedó una población desplazada, empobrecida y sin horizonte. Una parte migratoria. Otra se quedó. Y en esas condiciones, la delincuencia dejó de ser sólo una amenaza externa y se convirtió también en una salida para algunos de los que fueron expulsados ​​del campo y abandonados por la economía formal.

No se trata de una relación mecánica entre pobreza y delito. Se trata de algo más profundo: un modelo que destruye las bases productivas rurales amplía el espacio de reclutamiento y expansión de las economías ilegales. Donde no hay empleo, crédito ni Estado, la delincuencia organizada encuentra mano de obra disponible y territorios capturables. El deterioro del campo generó así una doble expulsión: la de quienes se fueron y la de quienes, al no poder irse ni encontrar una ocupación digna, quedaron expuestos a la economía criminal.

Por eso el saldo del T-MEC no puede medirse sólo en exportaciones o divisas. Debe medirse en dependencia alimentaria, en desaparición de productores, en migración forzada, en fragmentación territorial y en el debilitamiento del tejido social. Se celebran las exportaciones de aguacate y bayaspero se oculta que el país se volvió más vulnerable en los granos que sostienen su alimentación. Se exaltan los nichos de éxito y se invisibiliza la devastación.

Después de tres décadas, el resultado es claro. La apertura agrícola no fortaleció al campo mexicano; lo subordinado. Produjo enclaves rentables, pero no una estructura rural capaz de sostener el desarrollo nacional. Y en ese proceso no sólo se erosionó la soberanía alimentaria. También se generaron las condiciones para la migración, la precariedad y la expansión de la violencia en los territorios abandonados.

La revisión del T-MEC no debería limitarse a discutir acceso a mercados. La pregunta es otra: si México puede seguir sosteniendo su alimentación con importaciones subsidiadas mientras su campo se desarticula. Porque lo que está en juego no es el comercio. Es la capacidad del país para decidir sobre su propia base productiva. Y esa capacidad, paso a paso, se ha ido perdiendo. Eso también es parte del tratado.