El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha condenado a Hungría por su normativa en contra de las personas LGTBI+. El máximo órgano de justicia de la Unión ha publicado este martes su otoño con respecto a la “ley de propaganda LGTBI”, que fue aprobada en 2021 por el Ejecutivo del ultraderechista Viktor Orbán. “Esta ley es contraria a la propia identidad de la Unión como ordenamiento jurídico común en una sociedad caracterizada por el pluralismo”, argumentó el TJUE. “Hungría no puede invocar su identidad nacional para justificar la adopción de una ley que vulnera los valores europeos”, ha añadido el organismo judicial, que condena por primera vez a un Estado por violar los principios fundamentales de los Veintisiete.

Las personas LGTBIQ+ siempre han estado en la diana de Orbán y su partido, el ultraconservador Fidesz, que ha controlado el Gobierno durante 16 años. Aunque el 12 de abril fueron derrotados por el conservador y proeuropeo Péter Magyar, que consiguió aglutinar el apoyo de la oposición, el legado ultra y de deterioro del Estado de derecho de Fidesz ahora mismo sigue vigente. La inquina del exprimer ministro ultraconservador hacia las personas LGTBIQ+ se intensificó a partir de 2021 y tuvo su máxima expresión en el veto gubernamental al Orgullo del año pasado. La base normativa de esa prohibición era, precisamente, la ley de propaganda anti-LGTBI. Esta legislación imitaba una similar promovida en Rusia por Vladímir Putin, de quien Orbán siempre ha sido uno de los principales aliados en la UE. La aplicación de la norma de inspiración rusa llevó a modificar otras normativas, como el referente a la protección de la infancia.

Para el TJUE, se trata de “un conjunto coordinado de discriminatorias” que vulneran, “de manera manifiesta y especialmente grave”, las medidas de derechos de las personas LGTBIQ+. La legislación húngara “estigmatiza y margina” al colectivo, han argumentado los jueces en su fallo, “tachándolas de perjudiciales para el desarrollo físico, mental y moral de los menores debido únicamente a su identidad o su orientación sexual y (…) las asocia con la delincuencia pedófila, lo que puede reforzar esta estigmatización y fomentar comportamientos de odio hacia ellas”.

El Ejecutivo ultraderechista, aliado de Vox en la UE, acabó vetando en el espacio público cualquier mención a la diversidad, además de promover la censura de libros que tratan el asunto o en los que hubiera personajes no normativos. En marzo del año pasado, Orbán expandió la ley a una nueva esfera: «Ya no solo limita la libertad de expresión, ahora también restringe el derecho a reunirse. Y de nuevo, lo justifica en la protección de los derechos de los niños», explicaba entonces Eszter Polgári, abogada y responsable jurídica de Sociedad Hattérla principal organización de defensa de derechos del colectivo de Hungría.

El Orgullo, al ser considerada una reunión LGTBI+, fue prohibida. Finalmente, entre fuertes medidas de seguridad, amenazas de extrema derecha y una retórica incendiaria por parte del Ejecutivo de Orbán, la cita se desarrolló. De hecho, fue el Orgullo más masivo de la historia del país al congregar a cientos de millas de personas, además de decenas de políticos de la UE, a los que sumaron los de numerosos Estados miembros, como la vicepresidenta del Gobierno Yolanda Díaz.

Lgtbifobia de Estado

“Hungría ha violado el derecho de la Unión en varios planos: el Derecho primario y secundario, relativo a los servicios en el mercado interior; la Carta de derechos fundamentales de la UE (el artículo 2 del Tratado de la UE); y el Reglamento general de protección de datos (RGPD)”, ha determinado este martes el TJUE. Su decisión responde a un recurso que interpuso la Comisión Europea en diciembre de 2022, el año siguiente de la aprobación de la ley de propaganda.

Esa norma, señala el organismo judicial europeo, parte de la premisa de que toda representación de la realidad LGTBIQ+ “puede suponer un perjuicio para el interés superior del menor”. “Este enfoque revela una preferencia por determinadas identidades y orientaciones sexuales en detrimento de otras, que quedan por ello estigmatizadas, lo cual es incompatible con las exigencias que se derivan de la prohibición de la discriminación por razón de sexo y orientación sexual”, argumenta el fallo. El modelo de impuesto por Orbán podría definirse como lgtbifobia de Estado. “Las restricciones en cuestión no parecen en modo alguno justificadas por el objetivo de promover el interés superior del menor”, ​​añaden los jueces.

El fallo coincide con los argumentos de la abogada general del TJUE, Tamara Ćapeta. “Hungría no ha aportado prueba alguna del posible riesgo de daño que el contenido que retrata la vida cotidiana de las personas LGTBI+ pudiera suponer para el desarrollo saludable de los menores”, ha defendido la abogada. “Dichas modificaciones se basan en un juicio de valor según el cual la vida homosexual y no cisgénero no tiene el mismo valor o estatus que la vida heterosexual y cisgénero”, ha incidido Ćapeta.

Además, el TJUE, que ha condenado a pagar las costas del proceso a Hungría, ha detallado que la normativa húngara atenta contra la ley general de protección de datos, pues amplia el acceso a registros de antecedentes penales de las personas del colectivo, y también contra la libertad de prestar y recibir servicios de comunicación audiovisual, al limitar la posibilidad de que los medios difundan contenidos LGTBIQ+.

Este caso, uno de los más importantes de la historia de la UE basado en la vulneración de derechos fundamentales, ha tenido también el respaldo del Parlamento Europeo. Por su parte, hasta 20 Estados miembros exigieron a Hungría la anulación de la ley de propaganda y los tentáculos de sus enmiendas. Los países que censuraron la norma húngara fueron Austria, Bélgica, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Portugal, Eslovenia, España y Suecia. Todos ellos publicaron un comunicado diplomático en mayo del año pasado. No se unieron al mismo, además de Hungría, Italia, Polonia, Bulgaria, Rumania, Eslovaquia ni Croacia.

“Este es el primer test de fuego de la comunidad internacional con respecto al nuevo Gobierno de Péter Magyar para pedir cambios más allá de lo cosmético”, ha declarado Esther Martínez, de Reclaim, organización de defensa de derechos civiles en la UE, tras conocer el fallo del TJUE. Actualmente, la Comisión Europea bloquea 18.000 millones de euros para Hungría debido al deterioro sistemático del Estado de derecho promovido por Orbán. Para descongelarlos, la Comisión reclama reformas legislativas de calado.

«La derrota de Fidesz en las últimas elecciones puede hacer pensar a la gente que va a haber un giro de 180 grados», ha añadido la fundadora de Reclaim en conversación telefónica con EL PAÍS, «pero no se puede olvidar que tras más de tres lustros de Orbán, en Hungría hay una extrema derecha muy radical, otra muy corrupta y una derecha conservadora. Magyar no tiene oposición ahora mismo», ha añadido.