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urante la llamada mañanera del pasado 9 de abril, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que ya consulta a un grupo de expertos y científicos mexicanos que revisarán opciones técnicas y ambientales para determinar si existe una vía de explotación con menor impacto ambiental, para definir si el país puede desarrollar gas no convencional con tecnologías distintas al fracking tradicional, y así fortalecer la soberanía energética, al considerar que México no puede limitarse a seguir importando combustible sin revisar otras alternativas de producción, por lo que la decisión final dependerá de la evaluación técnica de ese grupo de especialistas a partir del próximo año.

Además de la UNAM, la UAM y el IPN, participa en el grupo interdisciplinario el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, el Instituto Mexicano del Petróleo, la Universidad Autónoma de Nuevo León y otras casas de estudio. El propósito es pasar de una producción de gas natural de 2 mil 300 millones de pies cúbicos diarios a 8 mil 310 millones para 2035, es decir, un incremento de 261 por ciento.

En este contexto, Pemex será la empresa responsable en un intento por reducir la dependencia del 75 por ciento del consumo nacional de gas natural importado desde Estados Unidos, la mayoría de Texas, a unos cuantos kilómetros de nuestra frontera, lo que significa que en ese mismo territorio de nuestro lado hay mucho gas. Las tres zonas donde se podría usar el fracking son las cuencas de Sabinas Burro Picachos y Burgos que se ubican en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, y la de Tampico-Misantia en Veracruz, San Luis Potosí, Hidalgo y Puebla.

Pemex no posee la tecnología necesaria ni los recursos para la obtención del gas y recurriría a empresas privadas sobre todo texanas, por lo que tampoco se lograría la soberanía energética que se anuncia. Además, va en contra de compromisos de campaña. De se inmediato ha señalado que el hoy ex presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó proyectos de fractura hidráulica por sus riesgos ambientales e incluso intentó sin éxito prohibirlo en la Constitución.

En un comunicado de 70 organizaciones lideradas por la Alianza Mexicana contra el Fracking con 13 años de activismo, se indicó que en Estados Unidos se ha intentado tratar de aguas residuales para reutilizarlas en los mismos pozos lo que nada más ha duplicado el costo del desarrollo del fracking. Al final regresaron al uso de agua dulce. Aseguró que no puede haber un fracking sustentable por los altos costos energéticos, además se usa una gran cantidad de energía, incluso mayor a la que se extraerá y genera numerosas fugas de gas metano, que es 86 veces más potente para contribuir al calentamiento del planeta que el dióxido de carbono en sus primeros 20 años.

Señaló que fracturar un solo pozo requiere entre 9 y 29 millones de litros de agua y que el ritmo de perforación en Estados Unidos consume anualmente un volumen equivalente a las necesidades domésticas de millones de familias. Por otra parte, se ha dicho que en Oklahoma se observa el incremento de la actividad sísmica como factor adicional.

Revisando las reacciones de articulistas críticos a la llamada 4T, se observa una aceptación casi jubilosa a la propuesta del fracking; celebran y promueven la intervención de empresas privadas estadunidenses y afirman que puede impulsar la autosuficiencia y la competitividad industrial nacional. El sector patronal habla de contratos mixtos y afirman que la apertura anunciada sólo tendrá sentido si se traduce en una participación efectiva del sector privado que no aporta únicamente financiamiento, sino tecnología, experiencia operativa, conocimiento geológico, gestión del riesgo y mejores prácticas internacionales en materia ambiental y uso del agua.

Este tema tiene implicaciones nada amigables. Ya Manuel Pérez Rocha ( La Jornada 20/4/26) señaló que en el marco del TLC, empresas de este sector tienen en curso demandas contra Canadá y éstas posiblemente se incrementarán; me refiero al mercado y competencia que abriría la iniciativa mexicana. Ya iniciaron en San Luis Potosí las reacciones de comunidades indígenas en rechazo al fracking. Acudieron con otras a la Cámara de Diputados y planean acciones legales.

La Presidenta afirmó que se hará una evaluación de las posibles consultas con comunidades ante la explotación de gas no convencional. Sin embargo, reconoce que hay tecnologías que tienen en el exterior que probablemente se tienen que emplear para implementar esta técnica en México. Pemex operaría los campos y grandes empresas especializadas, no del país, aportarían la tecnología con esquemas de inversión relevantes.

«Hay que voltear a ver nuevamente al gas no convencional con ojos de soberanía y con ojos de reducción al máximo de los impactos ambientales. No digo cero impacto ambiental, porque no hay ninguna actividad humana que sea de cero impacto ambiental», habla la vocera del gran megaproyecto; hay que creerle.