Deportación como riesgo de impago La orden también instruye al Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) a considerar que la deportación potencial y la pérdida de ingresos son factores
La orden también instruye al Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) a considerar que la deportación potencial y la pérdida de ingresos son factores que podrían afectar la capacidad de pago de un prestatario sin autorización laboral. En otras palabras, los bancos podrían y según el orden, deberían, incorporar el estatus migratorio como variable en sus modelos de riesgo crediticio.
Esto tiene implicaciones que van más allá de lo individual. Si la banca estadounidense comienza a restringir el acceso al crédito para esta población, el efecto se sentiría en sectores como la construcción y los servicios, donde la fuerza laboral migrante mexicana tiene una presencia significativa. El 31% de los hombres migrantes mexicanos en Estados Unidos trabajan en el sector de la construcción, de acuerdo con datos de BBVA Investigación .
Entre enero y marzo de 2026, el país recibió 14.456 millones de dólares según el Banco de México. Solo en marzo se recibieron 5.394 millones de dólares, un crecimiento anual del 4,9%.
La orden ejecutiva no prohíbe las remesas, pero al soportar los requisitos de identificación del cliente (KYC, por sus siglas en inglés) y al señalar las transferencias de bajo monto como potenciales vehículos de actividad ilícita, crea un entorno regulatorio que podría encarecer, dificultar o ralentizar el envío de dinero. El 99% de las remesas que llegan a México se realizan por transferencia electrónica, un canal que ahora queda bajo escrutinio reforzado.
