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la popularidad del presidente Donald Trump va en picada y amenaza con arrastrar a la barranca a los candidatos de su partido en las elecciones de noviembre y con ello perder la mayoría en la Cámara de Representantes. En esta situación crítica, entran en escena los ministros conservadores de la Suprema Corte y le lanzan un salvavidas. Ésta es la lectura que se desprende de la decisión avalada por seis de ellos en anular una de las partes torales de Acta de los Derechos al Voto que establece la prohibición racial en el sufragio.

Lyndon B. Johnson escribió el acta después de los sucesos que marcaron la historia de los derechos civiles en Estados Unidos. En marzo de 1965, en Alabama, cientos de manifestantes que exigían el respeto a sus derechos civiles fueron salvajemente atacados por las hordas policiacas del estado hiriendo a decenas; a algunos mortalmente, en lo que se conoce como El domingo sagriento. El hecho dio pie a una larga marcha de Selma a Montgomery encabezada por Martin Luther King, quien, junto con miles exigieron el respeto a sus derechos civiles, entre ellos el de votar.

Los seis jueces conservadores, de los nueve que integran la Suprema Corte, ignoraron esa gesta y, mediante una confusa argumentación, decidieron que el Acta de los Derechos al Voto es violatoria de la Constitución y la enmendaron. Consideraron que en la actualidad ya no son necesarias las medidas establecidas hace más de 50 años, debido a que la conformación étnica de la población es hoy más diversa y no existe una clara minoría étnica a la que se debe proteger.

De esa manera se abrió una vía para que las legislaturas de los estados rediseñen los distritos electorales. Dado que en más de la mitad de los estados los congresos son de mayoría republicana, existe la probabilidad de que el Partido Republicano salga favorecido con un número mayor de distritos electorales y con ello mantenga su mayoría en el Congreso. Con una serie de maniobras para coartar el voto de las minorías negras latinas y asiáticas, culmina la Suprema Corte el salvamento de su benefactor, Donald Trump.

Por el lado de los jueces liberales tocó a la juez Keagan escribir la argumentación a favor de mantener lo prescrito en el Acta de los Derechos al Voto. Sostuvo que la demolición del acta es el capítulo final para convertir en letra muerta la joya de la corona de ese documento, que garantiza el derecho al sufragio de las minorías.

Recordó una frase acuñada por otro juez liberal, “no debemos guardar el paraguas para que en este momento no nos mojemos”. La alusión fue clara a la posibilidad de un retroceso en la historia, como parece estar sucediendo, y les recordaron que el único legalmente autorizado para decidir si una ley ya no es necesaria es el Congreso, no las cortes. Concluyó aseverando que la decisión de la mayoría conservadora es ahistórica, pues regresa a los tiempos en que los derechos de las minorías se desconocían por el simple hecho de su color y porque favorece la división de los distritos con un criterio eminentemente partidista, diluyendo el voto de las minorías étnicas y socavando el derecho fundamental de igualdad racial y electoral.

En español llano, la decisión de la Corte favorece a los estados en cuyos congresos la mayoría es conservadora y da palo a los de minoría liberal. A ello se agrega que, con base al criterio de jurisprudencia, será difícil subvertir esta norma en el futuro. No sobra decir que la opinión generalizada es que algunos miembros de la Corte, una vez más, salvaron al presidente, y que los demócratas corren el riesgo de permanecer en minoría en el Congreso después de noviembre próximo.