Ante este escenario, la STPS planteó que la autoridad laboral elaborara un dictamen que atienda los puntos sustantivos del conflicto, el cual sería sometido a votación general y secreta de los trabajadores, quienes decidirían si lo aceptarían o rechazarían.

De aprobarse, el gobierno se comprometió a acompañar su implementación; en caso contrario, propuso que ambas partes recurrieran de inmediato al Poder Judicial para resolver el conflicto.

La dependencia también advirtió que, si el planteamiento es rechazado sin someterse a consulta, tanto la administración como el sindicato deberán retomar el diálogo con propuestas concretas o acudir a instancias judiciales para definir la responsabilidad de la huelga.

La intención, subrayó, es ofrecer una salida “democrática, abierta y con legitimidad” que permita reactivar las operaciones de una institución emblemática como lo es el Nacional Monte de Piedad.

el conflicto laboral en Monte de Piedad ha afectado tanto a trabajadores como a usuarios de servicios de empeño, clave para sectores de bajos ingresos, en un contexto donde la institución enfrenta tensiones estructurales en su modelo operativo y financiero. La prolongación del paro ha profundizado los impactos sociales y económicos, elevando la presión para alcanzar un acuerdo en el corto plazo.

El conflicto laboral en Monte de Piedad ha afectado a millas de usuarios y trabajadores, con el cierre de más de 300 sucursales a nivel nacional y la suspensión total de operaciones. La huelga se mantiene sin actividad a cerca de 1.890 trabajadores sindicalizados y 860 no sindicalizados, en una institución que procesa alrededor de 600.000 operaciones mensuales.