El cambio de la calificadora de riesgo crediticio llega tras los señalamientos de autoridades de Estados Unidos. La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, parte del Departamento de Justicia de Estados Unidosacusó a Rocha Moya ya otros nueve funcionarios por presuntos vínculos con el narcotráfico, lo que eleva la incertidumbre sobre el entorno financiero del estado.

De acuerdo con los informes oficiales estadounidenses, las acusaciones incluyen delitos relacionados con el tráfico de drogas, conspiración y presuntos acuerdos con el Cártel de Sinaloa pero el gobierno mexicano pidió revisar las pruebas antes de tomar una postura definitiva.

S&P Global Ratings advirtió que los acontecimientos recientes pueden complicar el acceso a financiamiento del estado, en particular con la banca comercial, lo cual es importante, ya que los gobiernos estatales dependen del crédito para cubrir necesidades de corto plazo.

La calificadora ya observaba debilidad en las finanzas de Sinaloa.porque su liquidez se ubicaba en un nivel “menos que adecuado”, lo que implica que el efectivo disponible no cubre con holgura sus obligaciones. Además, el estado ha recurrido de forma constante a deuda de corto plazo, por lo tanto eleva su vulnerabilidad ante cambios en el entorno financiero.

Al cierre de 2025, la deuda total de Sinaloa ascendía a 7,182 millones de pesos, de los cuales 2,695 millones corresponden a corto plazo.

Esta estructura implica una alta dependencia de refinanciamiento con instituciones como Banorte, Santander y BBVA, lo que podría complicarse si las condiciones de crédito se endurecen.

La calificación actual del estado se mantiene en ‘mxA’, un nivel considerado sólido dentro de la escala nacional. Sin embargo, la Revisión Especial negativa indica que existe una probabilidad de ajuste a la baja si se deterioran factores como la liquidez, el desempeño presupuestal o la administración financiera.

S&P Global Ratings prevé resolver esta revisión en un plazo cercano a 90 díasuna vez que existe mayor claridad sobre el impacto del caso. En ese período, la calificadora evaluará si el estado logra mantener acceso a financiamiento y estabilidad en sus cuentas.

El caso contra Rubén Rocha Moya no solo abre un frente político y legal, también presiona la calificación crediticia de Sinaloa y eleva los riesgos para sus finanzas públicas.