La incorporación de agentes de policía en centros educativos como el que prevé el plan de la Generalitat de Cataluña al que ha tenido acceso EL PAÍS es
La incorporación de agentes de policía en centros educativos como el que prevé el plan de la Generalitat de Cataluña al que ha tenido acceso EL PAÍS es una iniciativa inédita en España. Sobre todo, por dos de los rasgos que lo definen: su carácter permanente (con espacio propio en las instalaciones escolares) y por dirigirse expresamente a institutos conflictivos. La iniciativa polémica surge en uno de los pocos territorios que gobiernan los socialistas, y en un sistema educativo que lleva años emitiendo señales de malestar docente, especialmente en secundaria y en la enseñanza pública, debido en parte a la combinación de un déficit histórico de inversión y un rápido crecimiento de la complejidad en las aulas.
En España sí existe una larga relación entre las fuerzas de seguridad y los centros educativos, organizada principalmente a través del Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en los Centros Educativos y sus Entornos, impulsado por el Ministerio del Interior, y del Programa Policía Tutor, que funciona en el ámbito local con apoyos autonómicos. Sin embargo, su finalidad es proporcionar un contacto estable entre los colegios e institutos y las fuerzas de seguridad, y facilitar que agentes policiales impartan al alumno talleres sobre temas como ciberseguridad, acoso escolar o seguridad vial.
A través de ambos programas, aunque no siempre, se asigna a los centros un policía de referencia que actúa como enlace. “Nosotros tenemos asignado una guardia civil”, dice Rosa Rocha, presidenta de la asociación de directores de institutos públicos de Madrid y responsable de un instituto en Guadarrama, “y cuando tenemos alguna duda o le necesitamos, le llamamos y viene”. En Castilla y León, explica la inspectora educativa María Quintana, que fue presidenta de la asociación de directores de institutos públicos allí, los centros urbanos tienen asignada una policía de barrio. Mientras en Alicante, en cambio, cuando surge un problema tienen que llamar al 091, añade Mar Sierra, directora de un instituto de alta complejidad de la ciudad.
Fuentes de la Generalitat de Cataluña apuntan que nueve comunidades tienen planes emparentados con el suyo, pero comprobado el dato con fuentes educativas o de la administración autonómica, resulta que ninguna tiene en marcha un despliegue como el diseñado por el Govern.
El caso que más se parece, siendo diferente, es el de Baleares que explica Xisca Bonet, directora de un instituto en Mallorca, que tiene desde hace varios lustros a una policía local asignada a su centro y está bastante integrado en la dinámica escolar. «Viene al menos una vez a la semana. Hace de enlace, por así decirlo, entre la calle y el instituto. Se encarga de los casos de absentismo. Da charlas. Y está formado para esto. Aunque su función no es pacificar el centro, de eso nos encargamos el profesorado y el equipo directivo», afirma Bonet. Al mismo tiempo, sin embargo, si alguna vez se produce un problema más grave, lo llaman a él. “Al tratarse de alguien a quien el alumno, el profesorado y las familias conocen, creo que su intervención resulta más positiva que si viniera de fuera”, añade.
Entre la docena de fuentes educativas consultadas por este periódico sobre la iniciativa catalana, la mayoría se muestran escépticos y en algún caso abiertamente en contra. Las excepciones son dos docentes que trabajan en centros de máxima complejidad, a las que les parece buena idea, igual que incorporar otros perfiles profesionales, como educadores sociales, psicólogos o enfermeras. «Creo que en determinados centros es necesario, y podría ayudar a mejorar la convivencia. Aunque tendrían que ser policías formados para ello y con sensibilidad», afirma Miriam Lobo profesora de lengua en un instituto situado en un barrio de renta baja de Sevilla.
La presencia fija de policías en centros educativos sí tiene algún antecedente en otros países europeos. El caso más conocido, y poco talentoso para la Generalitat, es el del Reino Unido, donde a principios de esta década llegó a haber más de un millón. La iniciativa recibió duras críticas por parte de sindicatos docentes, colectivos ciudadanos y expertos, que acusaron a la policía de extralimitarse en algunas actuaciones y centrar el despliegue en centros escolares de barrios empobrecidos y con mayores porcentajes de alumnado racializado, lo que ha llevado a su progresiva retirada.
