Este miércoles entra en funcionamiento el mecanismo extrajudicial de compensación para los supervivientes de pederastia clerical acordado por la Iglesia y el Gobierno. Se demuestra el fracaso del mecanismo unilateral establecido por los obispos, el plan PRIVA, diseñado a espaldas de las víctimas. Principalmente por su falta de independencia y transparencia.

La iglesia era juez y parte, decidiendo cuándo, cómo ya quién indemnizar. Las víctimas desconocían los criterios que se habían utilizado para decidir su indemnización, no siendo infrecuente que dos casos similares, sucedidos en la misma institución, recibieran una indemnización económica muy diferente, sin saberse muy bien por qué. En contraposición, se ha blindado la independencia del nuevo mecanismo, ya que su gestión corresponde a una institución estatal independiente, el Defensor del Pueblo, limitándose los obispos a pagar la factura.

El protocolo firmado también proclama que este se implementará de forma transparente. Sabremos a cuántas víctimas se indemniza, qué cantidades reciben y el costo final del mismo para las arcas de la Iglesia, información que hasta la fecha desconocemos. Esto permitirá realizar comparativas internacionales con otros Estados que han sufrido lacras similares.

A pesar de los evidentes puntos fuertes del acuerdo, en la última reunión que mantuvimos las víctimas con Bolaños le transmitimos el gran reto pendiente es garantizar la igualdad y no discriminación en la reparación de todos los afectados. Uno de los grandes motivos de preocupación para muchísimas víctimas es que, a diferencia de otros mecanismos similares como el irlandés, no se ha acordado un baremo indemnizatorio, que determina no solo los criterios que se van a utilizar para valorar la gravedad de cada caso, sino el peso relativo que se va a dar a cada uno de ellos y las horquillas de indemnización que se van a emplear para compensar económicamente en función de los rangos de gravedad que se establecerán.

El principal problema ha sido la negativa tajante de los obispos a acordar un baremo, estableciéndolo como línea roja infranqueable en la negociación, por su temor a que la factura de la pederastia clerical se dispare de forma exorbitada si se utilizan los rangos indemnizatorios incluidos por ejemplo en el baremo irlandés, con indemnizaciones máximas de hasta 300.000 euros.

El ministro argumentó que un baremo no es el modelo más beneficioso para las víctimas, al establecer un tope indemnizatorio máximo, siendo mejor una valoración individualizada de cada caso. Sin embargo, existen alternativas para flexibilizar el tope máximo de cualquier baremo, estableciendo que el mismo sea orientativo, de forma que se pueda otorgar una cantidad mayor, cuando existan características individuales excepcionales en casos concretos, no recogidas en este, siempre que se realice una explicación detallada y razonada de los criterios seguidos por el órgano evaluador para tomar dicha decisión.

El gran riesgo de no aplicar un baremo es que la indemnización que reciba cada víctima se vea fuertemente influenciada por la subjetividad de la persona que realiza la evaluación, la valoración idiosincrática que realiza de los diferentes criterios de gravedad y la compensación que este considera adecuada para reparar el daño, que puede variar de forma muy significativa entre evaluadores si estos no siguen un criterio objetivo común.

En román paladino, que la respuesta que recibas depende más de quien te vea que de las características de tu caso concreto. Se repetiría uno de los grandes errores del plan PRIVA, la arbitrariedad y falta de igualdad en el trato de las víctimas. Dos casos similares, en la misma institución, con abusos de igual gravedad y secuelas comparables pueden recibir indemnizaciones distintas, en función del evaluador.

Podría parecer que esta discusión es meramente teórica no siendo ya posible modificar lo acordado. Solo quedaría evaluar su aplicación práctica para comparar sus resultados con otras iniciativas similares. probablemente estableciendo a posteriori que la ausencia de baremo ha provocado indemnizaciones más bajas y otorgadas de forma más discriminatoria que en otros estados. Sin embargo, Bolaños nos confirma que esto no es así.

La evaluación de los casos depende única y exclusivamente del criterio del Defensor del Pueblo. Si este decide que el baremo es una herramienta útil para evitar la discriminación y garantizar la igualdad de las víctimas, puede diseñar uno, incorporando los criterios indemnizatorios acordados en el protocolo e inspirándose en las mejores prácticas de otros estados como el irlandés. En resumen, el ministro Bolaños ha dejado la pelota en el tejado de Ángel Gabilondo.

Por el bien de las víctimas, esperemos que este tome la decisión más beneficiosa para las víctimas, aunque esta moleste a los obispos.