La instauración del imperio de la ley puso fin de manera definitiva a las dañinas máximas imperiales romanas. Estas máximas, que fueron absolutizadas en épocas posteriores, sostenían que el emperador no estaba sujeto a las leyes (‘Princeps legibus solutus’) y que lo que complacía al emperador tenía fuerza de ley (‘quod Principi placuit legis habet vigorem’).

En la formulación de este principio de imperio de la ley se entrelazan diversas tradiciones jurídicas –principalmente la anglosajona, la francesa y la alemana– que emplean terminologías distintas para referirse a realidades similares, pero no idénticas. No es exactamente lo mismo –de ahí los serios problemas de traducción— hablar del ‘rule of law’ anglosajón, que de un imperio de la ley de corte francés, o del Estado de derecho alemán (Rechtsstaat).

Tanto el derecho español, como el italiano, el propio derecho europeo o el internacional, fuertemente influenciado por la Escuela de Salamanca, liderado por Francisco de Vitoria, han sabido configurar su propio concepto de imperio de la ley tomando y matizando elementos de las tres tradiciones y agregando su experiencia jurídica a este importante principio de gobernanza que obliga, en términos generales, al Estado ya todos sus ciudadanos e instituciones a aplicar a una ley, que se aplica por igual a todos y que sea aplicada por los jueces de manera independiente. De ahí la importancia de la separación de poderes, desarrollada sobre todo por Montesquieu, y tan vilipendiada en nuestra democracia actual.

La agresiva arbitrariedad que se observa en regímenes populistas y gobiernos dictatoriales, así como en democracias maduras y ya consolidadas como la bicentenaria de los Estados Unidos o la propia española, ha llevado a destacados filósofos del derecho y juristas de nuestros días a saltar a la palestra para defender este principio central de todo ordenamiento jurídico.

En Estados Unidos Jeremy Waldron, filósofo australiano afincado en Nueva York, considerado el máximo experto en esta cuestión, publicó un libro en 2024 titulado ‘Thoughtfulness and the Rule of Law’, que traduzco libremente por ‘Razonabilidad e imperio de la ley’. En él, Waldron trata de volver a unir el imperio o la regla de la ley con la verdadera autoridad del derecho criticando con gran acierto los intentos de reducir el imperio de la ley a meros procedimientos y formas jurídicas que pretenden alcanzar una certeza mecánica e implacable en su aplicación. La precisión robótica de las normas jurídicas no conduce a ningún sitio. Esto creo que debemos proclamarlo y defenderlo los juristas a gritos en la era de la inteligencia artificial.

En España, Javier Cremades, abogado y presidente de la World Jurist Association, en su reciente libro ‘Sobre el imperio de la ley’ (2025), nos presenta un análisis profundo y asequible a toda persona culto sobre este necesario principio, que brilla con luz propia en la constelación de estrellas del universo jurídico-político. Acompañado de un prólogo de Stephen Breyer, legendario magistrado del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, y un epílogo de Stephan Harbarth, actual presidente del Tribunal Constitucional Federal alemán, Javier Cremades repasa uno a uno los principales conflictos mundiales que vulneran este principio –entre ellos la batalla en torno al poder judicial en España– y apuesta por la supremacía de la ley y el Estado de derecho como única arma democrática como alternativa al uso de la fuerza.

Aunque muy distintos en los planteamientos y en los contenidos, tanto Waldron como Cremades coinciden en un punto que me parece central para comprender este ideal político: la necesidad de conectar el imperio de la ley con el respeto por la dignidad de cada persona. Y esto es así porque la dignidad humana debe considerarse un valor absoluto e irrenunciable al que sirve, aunque a veces no lo haga, el principio de imperio de la ley, que tiene un carácter más instrumental y por ende relativo.

No nos engañemos: puede existir un imperio arbitrario de la ley que amenaza la dignidad humana, o el imperio de una ley caprichosamente interpretada por tribunales y jueces corruptos, como se observa en diversas partes del mundo ya veces en nuestra propia casa. Para que la ley impere con dignidad y pueda desplegar toda su fuerza coercitiva sobre el Estado, una institución o una persona concreta, es fundamental que cumpla con todas las exigencias de la justicia, no solo con las procesales. De lo contrario, se vulnera la dignidad de las personas. La ley no es solo la botella de vino, sino también el mismo vino. Un vino avinagrado, aunque esté bien embotellado, puede causar daño. Y obligar a beberlo es contrario a la justicia porque atenta contra la dignidad de las personas. Lo mismo sucede con las leyes, y con su imperio, que puede ser letal.

Así, el imperio de la ley no se sostiene por sí mismo. No puede haber un verdadero imperio de la ley sin un auténtico respeto por los principios de justicia, lo que implica que la norma jurídica debe estar sujeta a ciertos valores éticos esenciales, tanto en su procedimiento de elaboración como en su contenido.

Como brillantemente recordó Lon Fuller en su importante obra ‘The Morality of Law’, de finales de los setenta, cada desviación de los principios de lo que él llamaba «la moralidad interna» en la elaboración y aplicación de la ley constituye una frente a la dignidad de la persona humana como ser libre y responsable, digno de respeto por parte de todos los poderes públicos. De otro modo, el principio de imperio de la ley choca frontalmente con la dignidad de la persona humana. Y es que quien está hecha a imagen de Dios es la persona, no el Estado; de ahí la importancia del respeto de los derechos de las personas por encima de los intereses de los Estados. Tantas veces, sin embargo y por desgracia, el imperio de la ley, mal entendido y peor aplicado, se convierte en un instrumento para imponer una agenda política partidista. ¡Vino picado!