Las democracias occidentales nos tienen acostumbrados a las dimisiones de sus gobernantes. Hay una gran variedad de situaciones. Un día es un ministro que había plagiado algún pasaje de su tesis doctoral. Otro, un dirigente implicado en un asunto turbio. Y otro, alguien que no ha cumplido con las promesas hechas a sus electores. Un diligente automatismo político obliga a renunciar al cargo de manera inmediata a aquellos gobernantes que son cogidos en un renuncio o que no han cumplido con las exigencias exigidas por la ciudadanía.

Pero también en esto la España actual es diferente. Aquí no dimite a nadie por mucho que la demanda social lo solicite perentoriamente. El apego al sillón del poder es más fuerte que la obligación de responder a esa demanda. Esta incoherencia refleja, por parte del poder constituido, una mentalidad impune, una conciencia autoritaria incompatible con la esencia de un régimen democrático, la convicción de que el poder es un patrimonio del gobernante y no una concesión libremente otorgada por los gobernados. En el fondo, se trata de un atentado a la moral pública, un déficit democrático más propio de los regímenes autoritarios que de los estados de derecho.

Hace mucho tiempo que en España la clase política en el poder no se ajusta a esta exigencia de un régimen democrático. Añoramos la coherencia que se mostró en la Transición Adolfo Suárez o Felipe González. Y la decisión, en los prolegómenos del gobierno de Pedro Sánchez, del escritor Maxim Huerta, que duró sólo siete días como ministro. Pero se ve que nuestro presidente ha renunciado a esta actitud sanadora de la democracia y se empecina en mantener a toda costa a sus ministros. Tiene una visión patrimonial del poder, un talante autoritario que hace del poder no una delegación de los ciudadanos sino una posesión personal y privativa de sí mismo. Alimentando su ego, se jacta de proteger a sus ministros contra toda evidencia. Y en la medida en que se ejercita en esta anomalía, la convivencia española se resiente de la ausencia del sano mecanismo dimisionario, una garantía de la normalidad de las democracias de nuestro entorno.

El caso más palpable y más actual es el del ministro responsable del transporte público, cercado por sus incoherencias y sus contradicciones al hablar de la tragedia de Adamuz. La petición de dimisión es de tal alcance y tal unanimidad que su permanencia en el poder no se explicaría en cualquier democracia madura. Su patética aparición en las ruedas de prensa y en otros medios de comunicación está poniendo a prueba la paciencia de los españoles y violando el espíritu de un régimen de libertades. Es la encarnación de una visión personalista del poder, la conciencia de impunidad que define el talante de Pedro Sánchez. Si dimitir es una acción benéfica propia de la moral política, aferrarse al poder a toda costa es un signo de incoherencia que atenta contra esa moral, la expresión de un abuso antidemocrático y nocivo.