mi

Entre conciertos juveniles y la avalancha de extradicionistas, las políticas públicas de salud parecen no trascender; hasta que se revisan las estadísticas de defunciones registradas, publicadas por el INEGI en enero pasado. A nivel nacional, en mujeres de 5 a 14 años y de 25 a 64 años los tumores malignos son la primera causa de muerte; en los hombres de 5 a 14 años, los tumores malignos son la segunda causa. En ambos grupos, en los demás grupos por edad, también están como causa de muerte. Por tratarse de mediciones nacionales, el único factor común es la alimentación (donde el exceso en el consumo de productos industrializados puede presumirse como causa a destacar) y la desatención escolar y familiar de lo que comen los menores. Las guías opinables alimentarias del gobierno federal ayudan poco. Por ejemplo, sugiere limitar el consumo de pescado y aumentar el consumo de frijoles.

Diversos programas encaminados a cuidar la alimentación infantil en las escuelas desaparecieron. Los libros de texto gratuitos tampoco auxiliares, más preocupados en cuestiones políticas y de género. La población judicial no es ajena a tales problemas de salud.

Quienes ingresaron como titulares sin experiencia judicial desconocen el alto porcentaje de enfermedades que tiene el trabajador judicial promedio. Problemas de gastritis y colitis, por el estrés sostenido, son comunes. Padecimientos de circulación y de columna, derivados del sedentarismo por estar horas revisando expedientes, más los problemas metacarpianos asociados al uso continuo de computadoras no faltan. Las afectaciones oculares son otras. Hace años la titular de un juzgado de distrito fue retirada al haber perdido la vista; en otro juzgado, de amparo penal, casi la mitad del personal se había operado de la vista; por ejemplo. Las presiones para evitar la confrontación política de los nuevos jueces con sus auspiciantes o con el órgano de disciplina judicial, añaden causas de tensión laboral antes sólo visibles en la gestión de Arturo Zaldivar, proclive a sancionar juzgadores, excepto cuando los denunciados eran sus allegados. La pugna personal-titular es añeja. El gremio judicial enfrenta problemas de salud complejos, poco publicitados. Además, como a cualquier usuario del ISSSTE, las citas con especialistas pueden tardar meses, ni se diga las fisioterapias; si hay. Las primas de seguros pagadas por funcionarios judiciales son muy altas por ser una población de riesgo.

Además, hay una larga lista de abogados y personales judiciales atacados, muchos asesinados. Miles durante la existencia de los consejos de la judicatura. La abogacía es una actividad de alto riesgo y mínimos resultados de investigación en fiscales. La abogacía judicial, más.