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un reciente decisión del gobierno estadunidense de exigir la detención y extradición del gobernador de Sinaloa, más nueve políticos y funcionarios, incrementa la tensión entre los gobiernos de ambos países. Ahora la tensión se estira con una nueva amenaza de Trump para intervenir militarmente en México.

Una tras otra, las presiones por el fenómeno del narcotráfico vienen del norte, sin que Donald Trump reconozca la existencia de cárteles estadunidenses de todos los tamaños con capacidad para proveer de fentanilo y cualquier otra droga a la enorme masa de adictos estadunidenses. Contra esos cárteles, Trump no enfila las cañoneras de su armada, como tampoco lo hace contra el FMI, la Bolsa de Valores, Wall Street y los consorcios bancarios, lavadores de dólares. narcosporque entonces reducirían sus ganancias. Tampoco lo mencionan periodistas de los consorcios televisivos nativos; un ejemplo, los comentaristas del programa Tercer Gradonunca señalan nada de los cárteles estadunidenses adoptando la conveniente narrativa de que el narcotráfico es sólo mexicano.

A pesar de los esfuerzos del gobierno mexicano por complacer al régimen MAGA, entregándole más de 100 narcotraficantes de “alto impacto”, algunos con nacionalidad estadunidense, Trump se declara insatisfecho. En una primera aproximación, el gobierno de Sheinbaum optó por la opción fácil de acceder al reclamo del vecino entregando a aquellos narcotraficantes juzgados ya por la justicia mexicana y otros que junto a estos representaban riesgos para la seguridad de nuestro país. Pero la bestia es difícil de complacer, y de vez en cuando abre sus pestilentes fauces rugiendo por más, sin mirar al interior de su propio infierno de narcos y adictos.

La posición de la Presidenta frente a la nueva exigencia estadunidense en tono de mando ha sido valiente y rigurosa conforme a las leyes mexicanas. A pesar de la avalancha de intrigas y mentiras que ha producido la prensa de la derecha nativa, solicitando que los señalados sinaloenses sean secuestrados en operativos idénticos al del presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, desvaríos que se estrellarán ante el apoyo popular que la Presidenta recibe día con día. Sin embargo, a pesar de que la opinión mayoritaria está al lado de la Presidenta, resulta válido preguntarse si la estrategia actual en materia de seguridad será suficiente para afrontar los vendavales belicosos del régimen trumpiano.

Hace tiempo que las voces más autorizadas han alertado sobre la insuficiencia de la política actual, a pesar del confort que podrían sentir los encargados de aplicarla. En primer lugar, es necesario inaugurar una política propia del Estado mexicano, abandonando la política que el Estado estadunidense ha impuesto por décadas mediante sus tácticas de chantaje. La política del Estado mexicano se ha caracterizado por funcionar como una concesión feudal al Estado estadunidense en la que los vecinos se han movido a placer sintiéndose monarcas en territorio mexicano, permitiéndose excesos que no cometen en su propio país. Esto tiene que acabar instaurando una política de acción que se corresponde con los principios y mandatos de nuestra Constitución, política de acción capaz de detener las intromisiones maliciosas. ¿Que tendrá repararos Washington?, sin duda, pero para bien de México, nada impide trabajarla. De hecho, en el sexenio obradorista, en la cancillería mexicana se formó el Grupo Especializado en Tráfico de Armas y Delincuencia Organizada, recabando información sobre los cárteles estadunidenses, dejando de operar en territorio norteamericano a principios de este sexenio, según relata en su libro Jesús Esquivel, Los carteles gringos.

Por supuesto que una política que intenta librarse de las ataduras enfeudadas debe enfrentar las intromisiones del embajador Ronald Johnson, restándole espacios en los que buscar agrupar a la gente más inconforme con la política del gobierno de Sheinbaum, incluyendo a las propias instituciones de educación superior. Aunque es numerosa la lista de informantes mexicanos leales al régimen MAGA; en las ciudades fronterizas operan informantes mexicanos infiltrados en organismos municipales y estatales.

Una política que pudiera llevar el recuento de quiénes son y cuáles son los temas sobre los que informan, sería prudente para prevenir sorpresas. El gobierno mexicano tiene la obligación de señalar ante organismos internacionales la complicidad del Estado estadunidense con los cárteles norteamericanos y las entidades lavadoras de dinero. El asunto de María Eugenia Campos, gobernadora de Chihuahua, no debe quedar en suspenso.

Cualquier gobernador que se preste a ser comparsa de los intereses gringos antimexicanos debe ser destituido, previendo la eventualidad de que sintiéndose impunes, multipliquen esas conductas. Así, cualquier tipo de intervención militar de Estados Unidos a México, por su idiotez traerá consecuencias difíciles de prevenir, por eso la Presidenta debe utilizar el encadenamiento de los medios para hacer una reflexión frente a su pueblo.

* Profesor de El Colegio de Sonora