El pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite este martes el recurso del Gobierno a las modificaciones de la ley trans valencianas promovidas por el PP y Vox. Además, el organismo ha suspendido la vigencia y aplicación de varios artículos de la norma aprobados por las derechas (los 127, 129, 136, 139 y 140) desde la fecha en la que el Ejecutivo central recurrió, el 26 de febrero de este año. Para cerrar el apoyo de Vox a los presupuestos regionales de 2025, el PP valenciano aprobó una ley de acompañamiento a los mismos en la que abriría la puerta a la realización de falsas terapias de conversión para personas LGTBI+; prohibía a los centros educativos abordar la diversidad sexual y de género; y otorgaba a los padres de adolescentes menores de edad potestad para bloquear el cambio de género de sus hijos. “Los derechos LGTBI+ se han utilizado [en Valencia] como moneda de cambio para alcanzar acuerdos presupuestarios, algo inmoral, injusto e inconstitucional”, dijo la ministra de Igualdad, Ana Redondo, cuando se anunció el recurso al Constitucional.

En su escrito, el Gobierno denuncia que PP y Vox introdujeron modificaciones y suprimieron disposiciones de la ley trans autonómica ―la 8/2017, para el reconocimiento del derecho a la identidad ya la expresión de género en la Comunitat Valenciana―, que vulneraban “la competencia atribuida al Estado de regulación de las condiciones básicas que garantizan la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales”. Es decir, que apelaba al artículo 149 de la Constitución, y también a los artículos 10, 14, 15 y 18.

Además, el Ejecutivo de Pedro Sánchez mencionaba que varios artículos de la nueva ley valenciana, que matizaban la prohibición de las falsas terapias de conversión, también cuestionan derechos fundamentales. En la elaboración del recurso gubernamental, liderado por los ministerios de Igualdad y de Política Territorial y Memoria Democrática, participó también desde Sanidad, Juventud e Infancia, y Educación, Formación Profesional y Deportes. “Se vulneran derechos de las personas menores de edad a participar en decisiones que les afectan, patologizan a las personas trans y contravienen obligaciones previstas por la regulación estatal en materia educativa”, resume el escrito del Ejecutivo.

En septiembre del año pasado, el pleno del Constitucional ya había admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Defensor del Pueblo contra algunos cambios de PP y Vox a la ley trans valenciana.

Los conservadores valencianos, liderados por Juanfran Pérez Llorca, no tienen mayoría en el parlamento regional. Para asegurar el apoyo de la extrema derecha, aprobaron la Ley 5/2025 de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización. Aunque se trataba de una norma económica, de acompañamiento a los presupuestos, en ella incluyeron las modificaciones de la normativa transregional. PP y Vox suman mayoría absoluta en Valencia y, tras la aprobación de las modificaciones, las cuentas salieron adelante. “PP y Vox vacían de contenido la ley trans valenciana a través de enmiendas que eliminan derechos LGTBI+ consolidados desde hace años”, denunciaron entonces desde la Federación Estatal LGTBI+ (Felgbti+). La organización, que representa a más de 55 entidades de todo el territorio, denunció que los cambios debilitaban el derecho de autodeterminación de género; rebajaban los compromisos en educación en diversidad; y que abrirían la puerta a las falsas terapias de conversión, entre otros recortes.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez ya llevó al Constitucional las reformas a las normas LGTBI+ regionales promovidas por el PP de Madrid, liderado por Isabel Díaz Ayuso. El Tribunal dio la razón al Gobierno central, lo que obligó a Ayuso a rebajar notablemente los recortes planteados. “Lo hicimos con la Comunidad de Madrid y lo vamos a hacer con cualquier comunidad que apruebe leyes de involución”, afirmó el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, cuando anunció que la iniciativa valenciana también sería sometida al escrutinio del Constitucional.