EL PAÍS puso en marcha en 2018 una investigación de la pederastia en la Iglesia española y tiene una base de datos actualizada con todos los casos conocidos. Si conoce algún caso que no haya visto la luz, nos puede escribir a: abusos@elpais.es Si es un caso en América Latina, la dirección es: abusosamerica@elpais.es

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La publicación del sexto dosier de la pederastia en el seno de la Iglesia Católica fruto de la investigación de EL PAÍS ha coincidido con la Asamblea Plenaria de los obispos españoles. El dosier, entregado al Vaticano, al Defensor del Pueblo ya la Conferencia Episcopal Española el domingo a última hora de la tarde, contabiliza ya 3.084 víctimas. El informe que contiene una recopilación de testimonios recabados en los últimos dos años. El número de clérigos y laicos acusados ​​se eleva a 1.613. Supone el 1,46% de los 110.000 curas y religiosos que ha habido en España desde 1940, según las estadísticas de la Iglesia.

Tras el discurso de inauguración de la plenaria por parte del presidente de la Conferencia Espiscopal, Luis Argüello —en el que ha arremetido contra Félix Bolaños y el Gobierno por querer “forzar un acuerdo” únicamente en el tema de abusos y no en vivienda o educación, por ejemplo—, este periódico ha intentado, sin conseguirlo, recabar la valoración del presidente de la CEE sobre las más de 3.000 víctimas de pederastia. El responsable de comunicación se ha interpuesto y no ha dejado que se formule ninguna pregunta: “La rueda de prensa está prevista para el viernes, lo siento, pero Argüello ya ha hablado durante todo el discurso”.

Cuando comenzó la investigación de EL PAÍS hace casi ocho años, solo había 34 casos conocidos. La Iglesia no ha respondido sobre ellos ni sobre los numerosos casos sospechosos de encubrimiento de obispos y superiores religiosos. Durante casi una hora de discurso, Argüello ha dicho que “el Estado es aconfesional, pero el Gobierno tiende a tomar posturas confesionales definiendo el comienzo y el final de la vida y la definición del matrimonio y de la familia”. También ha criticado que manifieste “un deseo desmedido de intervenir en la sociedad civil y de controlar las instituciones que aseguran la división de poderes” y le achaca “una doble vara de medir, según a quién afecta los asuntos de abuso de poder o de corrupción. Todo ello queriendo asegurar el control sobre los medios de comunicación”.

En cuanto al histórico acuerdo firmado el pasado 8 de enero en el que la Iglesia se retractó y accedió a pagar las reparaciones por los casos de pederastia bajo la supervisión del Estado, Argüello se ha expresado así: “Hemos hablado en estos meses de inmigración, de vivienda, de educación, pero el interés prioritario de este Gobierno, el único en el que ha querido forzar acuerdos, ha sido el asunto de los abusos a menores cometidos únicamente en el seno de la Iglesia”.

La intervención del Vaticano fue clave entonces, para que los obispos rectificaran y lo fue de nuevo a finales de marzo cuando el acuerdo sobre el protocolo a seguir estuvo a punto de encallar por la negativa de los obispos.

Argüello ha reivindicado el trabajo de “prevención, formación y regulación canónica” que, asegura, han hecho la CEE y la CONFER en los últimos años. También el del PRIVA, el plan creado por la propia CEE para reparar a las víctimas. Centenares de ellas se han quejado de lo farragoso del proceso, de la revictimización que han sentido y de cómo la propia institución que los protegió cuando fueron niños se convertía en juez y parte para decidir si sus denuncias eran verosímiles y si merecían una compensación. Ha habido casos en los que esa compensación ha sido de 3.000 euros.

Así se ha expresado Argüello: “Nos preocupa la insistencia del Gobierno, al comentar el acuerdo, en no reconocer las reparaciones ya realizadas e insistir en que todo comienza ahora, así como en reducir toda la reparación a indemnización económica”. Y ha añadido: “El ministro de Justicia ha llegado a decir: ‘El Gobierno decide y la Iglesia paga’. La Iglesia, en la persona de muchos responsables institucionales, ha escuchado y acogido a las víctimas, ha puesto en marcha caminos de reparación, de justicia restaurativa, y ha indemnizado, en muchos casos, sin necesidad de que ningún gobierno ni sentencia se lo haya impuesto”.

Según el presidente de los obispos, que en 2021 dijo que en España solo había “cero o muy pocos casos”, el compromiso de la Iglesia es “situar las víctimas en el centro”. Este lunes, en su discurso, ha vuelto a repetir que hay que ir “más allá del número” y ha calificado “los abusos realizados por personas consagradas a Dios” de “enorme gravedad” y de “escándalo gravísimo”. Para, acto seguido, recordar que el Gobierno, en la firma del acuerdo, recoge el compromiso de “reparar a las víctimas de otros ámbitos”.