La ministra de Educación, Milagros Tolón, ha presentado este miércoles ante el Observatorio Estatal para la Convivencia Escolar el primer protocolo marco contra el acoso y el ciberacoso
La ministra de Educación, Milagros Tolón, ha presentado este miércoles ante el Observatorio Estatal para la Convivencia Escolar el primer protocolo marco contra el acoso y el ciberacoso para toda España. El protocolo incluye un procedimiento para responder de la misma forma a las situaciones de acoso en todo el país, permitirá crear un registro común de los casos de acoso (desglosados en sus distintas manifestaciones) con el objetivo de mejorar el diseño de medidas para combatirlo, e incluye varias novedades. Incorpora la respuesta a nuevas formas de acoso derivados del uso de la IA generativa, como los deepfakes. Y prevé que los centros educativos se dirijan directamente a organismos públicos especializados, como el Instituto Nacional de Ciberseguridad y la Agencia Española de Protección de Datos para recibir “asesoramiento técnico y legal” y para lograr “la retirada de contenidos sensibles publicados en internet sin consentimiento”.
La propuesta de protocolo será elevada próximamente al pleno del Observatorio Estatal de Convivencia Escolar, un organismo integrado por representantes del profesorado, los estudiantes, las familias y las comunidades autónomas. Allí será aprobado, salvo sorpresa, por asentimiento, apuntan fuentes del organismo, ya que la cuestión se ha venido trabajando tanto con los representantes de la comunidad educativa como de los ejecutivos autonómicos. “No es un documento más, es una hoja de ruta para actuar mejor, antes y con más garantías”, ha afirmado la ministra.
La comunidad educativa ha recibido el planteamiento del ministerio de forma favorable, aunque con matices. «Mejorar los protocolos y avanzar hacia un modelo común para todo el Estado es positivo. Pero al final todo recae en los docentes. Las conductas autolesivas, la xenofobia, los casos de acoso… Y sin estructuras de apoyo suficientes, como unos equipos de orientación suficientemente dotados, y los recursos necesarios, este acuerdo puede ser papel mojado», advierte Ramón Carrillo, representante en el Observatorio del sindicato STES. Tolón ha señalado que el nuevo protocolo se enmarca en una estrategia más amplia del Gobierno, dirigida a potenciar el bienestar emocional en los centros, para lo que, de entrada, el ministerio va a duplicar la financiación del programa que tiene con dicho fin, pasando a aportar 10 millones de euros.
Los casos de acoso escolar, especialmente los más dramáticos, como el suicidio de la Sandra, de 14 años, el pasado octubre en un colegio de Sevilla, sacuden regularmente España. A pesar de ello, y de la recuperación de las asociaciones de familiares de víctimas, el país carece de un marco común de actuación. Un déficit que, según los expertos, provoca diferencias en las medidas y los tiempos de respuesta ante este tipo de agresiones. Y genera lagunas de información homogénea, dificultando el diagnóstico del problema y la evaluación de las medidas adoptadas para combatirlo. La explicación de esa heterogeneidad ―vacío no hay; todas las comunidades autónomas cuentan desde hace tiempo con sus propios protocolos― es, de un lado, que las competencias de organización escolar están transferidas a las autonomías, y, del otro, un déficit histórico de liderazgo del Ministerio de Educación en la materia (hace 10 años, su entonces titular, el popular Íñigo Méndez de Vigo, anunció la creación de un registro estatal de casos) que ahora se quiere corregir.
El protocolo presentado este miércoles no será, por ello, de aplicación automática en los centros educativos, ya que el Gobierno carece de la capacidad para imponerlo. Pero ejemplos anteriores ante otros retos graves, como los protocolos sanitarios para prevenir los contagios de covid en los centros educativos, han demostrado que un sistema educativo cuasi medidas federales como el español puede adoptar de forma armonizada eficientes (el país se convirtió en una referencia en la OCDE en la forma de reabrir las escuelas durante la pandemia). Entonces, los protocolos sanitarios escolares de, por ejemplo, Baleares y Galicia no eran idénticos, pero compartían sus puntos nucleares, y la esperanza del ministerio es que ahora pasa lo mismo.
La tardanza en establecer un marco común ―que expertos y observadores consideran incomprensible dada la magnitud del problema― tiene diversas causas. El Observatorio Estatal para la Convivencia Escolar, el órgano sobre el que de forma natural debía recaer la misión, se creó en 2007, en la primera legislatura del Gobierno presidido por el socialista José Luis Rodríguez Zapatero. En la década siguiente, sin embargo, marcada por los recortes en educación que siguieron a la crisis financiera, y ya con los gobiernos populares que presidió Mariano Rajoy, la actividad del organismo decayó hasta el punto de que hacia el final de la década, con el PSOE otra vez en el ministerio, fue necesario aprobar nueva normativa, dado que la vigencia de los nombramientos de sus vocales había expirado sin ser renovados. Desde entonces, la actividad del organismo se ha reanudado progresivamente. Y además de financiar estudios, publicar guías y organizar congresos, ha elaborado el protocolo presentado este miércoles. El documento está basado, además de en la evidencia disponible y las guías internacionales, en ejemplos de buenas prácticas que ya se dan en las comunidades autónomas, entre las que suelen considerarse especialmente territorios avanzados como La Rioja o Cataluña.
El protocolo estatal plantea una serie de pautas de actuación resumidas en ocho pasos, que comienza con el deber de cualquier miembro de la comunidad educativa (o de “agentes externos como servicios sociales”) de comunicar inmediatamente a la dirección del centro cualquier situación de acoso que conozca. Los siguientes pasos, que incluyen la adopción de cautelares, la recogida de información y evidencias, el análisis y toma de decisiones, las notificaciones (a las familias, por separado, en menos de 24 horas, y también: a la consejería, a la inspección educativa, a un registro oficial, a los recursos especialidades, a la Fiscalía si hay indicios de delito…), la elaboración de un plan de intervención (en un máximo de 10 días), el seguimiento y evaluación del caso (durante un mínimo de seis). meses) y, finalmente, el cierre del expediente, no implica grandes novedades respecto a lo que ya tienen regulado, en general, las comunidades autónomas.
Se añade, sin embargo, la novedad de que los centros podrán recabar ayuda de organismos con conocimientos técnicos que escapan a lo que manejan los colegios e institutos, como la Agencia de Protección de Datos y el Instituto Nacional de Ciberseguridad. O el hecho de que, a la hora de determinar que efectivamente se trata de un caso de acoso ―para lo que normalmente deben darse simultáneamente varios criterios―, en el caso del ciberacoso “la repetición o persistencia” no siempre será necesaria, pudiendo bastar “un único acto viralizado”. El protocolo plantea que los centros prestan especial atención al alumnado que, según la evidencia, sufre con más frecuencia el acoso, como el extranjero, perteneciente a minorías étnicas, LGTBI o con discapacidad. Y apuesta por mejorar la formación de los profesores en la materia y crear recursos comunes que puedan utilizar todas las escuelas e institutos.
El enfoque de la guía de actuación, ha destacado Tolón, es restaurativo. Es decir, que no solo protege a la víctima y castiga al agresor, sino que trata de que el acosador reconozca el daño causado, “comprenda el impacto real de sus acciones en la víctima” y trate de repararlo. Y plantea una estrategia preventiva que trata de instaurar en los centros la llamada “cultura de la paz”, involucrando a los chavales ya sus familias en la creación de un clima de empatía, y llevando a cabo actuaciones conjuntas con instituciones y colectivos sociales de la zona donde está ubicado el centro escolar. Nuria Manzano, profesora de la Facultad de Educación de la UNED, experta en acoso escolar, considera relevantes muchos de los puntos que incluye la propuesta. Y añade que, en su opinión, debería ir acompañado “de una campaña explicativa y de sensibilización a la población, para desmontar creencias limitantes y prejuicios que tienen incluso los padres”.
