EL PAÍS puso en marcha en 2018 una investigación de la pederastia en la Iglesia española y tiene una base de datos actualizada con todos los casos conocidos.
EL PAÍS puso en marcha en 2018 una investigación de la pederastia en la Iglesia española y tiene una base de datos actualizada con todos los casos conocidos. Si conoce algún caso que no haya visto la luz, nos puede escribir a: abusos@elpais.es Si es un caso en América Latina, la dirección es: abusosamerica@elpais.es
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La Oficina para el Reconocimiento y la Reparación de los Abusos Sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica que se creó con la firma del acuerdo entre Gobierno y obispos, empieza a funcionar este mismo miércolestal y como se habían comprometido las partes firmantes del acuerdo para indemnizar a las víctimas. “No borra el daño causado, pero reconoce el sufrimiento de las víctimas de abusos y afirma el compromiso de las instituciones con la verdad, la justicia y la reparación”, ha dicho el ministro de Justicia, Félix Bolaños, tras la aprobación del real decreto en el Consejo de Ministros. Según la contabilidad de este periódico, la única existencia sobre pederastia en el clero español, hay 1.573 acusados y 2.977 víctimas.
Todas las víctimas que han sufrido abusos en el clero español cuando eran menores de edad y que no han podido acudir a la justicia, bien porque el caso ha prescrito o porque el victimario ha fallecido. La oficina atenderá también a aquellas víctimas que hayan recibido anteriormente algún tipo de compensación por parte de la Iglesia, a través de su propio plan, conocido como PRIVA o a través de un procedimiento interno. Este ha sido uno de los obstáculos de las negociaciones; la Conferencia Episcopal Española (CEE) no veía con buenos ojos incluirlo en el acuerdo firmado el pasado día 30. A partir de este miércoles, eso sí, las víctimas deberán elegir si recurren al nuevo sistema Iglesia-Estado o al PRIVA. El plazo para presentar las solicitudes es de un año prorrogable a otro.
La oficina, adscrita al Ministerio de Justicia, recibirá las solicitudes de reparación a través de su sede electrónica (www.mpr.gob.es) “con todas las garantías de seguridad y privacidad”, según ha indicado el ministro Bolaños. Además, ofrecerá orientación a las víctimas vía correo electrónico (reparacion.abusosIC@mpr.es) y por teléfono (91 837 22 95). Las solicitudes tienen que dirigirse a la oficina del Ministerio de Justicia, no al Defensor del Pueblo.
La unidad de transformación, que depende del Ministerio de Justicia, será la primera ventana de atención a las víctimas. Allí harán entrega de las solicitudes para buscar una reparación no solo económica al daño vivido en la infancia y juventud por los abusos sufridos en diócesis, seminarios o monasterios, entre otros. Esta unidad gestionará la recepción de solicitudes, la comunicación con las partes, la notificación de las propuestas o la recopilación de informes. Una vez recopilada toda la información necesaria, esta será remitida a la unidad de víctimas del Defensor del Pueblo, formada por especialistas y profesionales independientes. Estudiado el caso y escuchadas las partes, esta unidad elaborará una propuesta de resolución y, en su caso, reparación (simbólica, restaurativa, espiritual y/o económica) en un plazo máximo de tres meses.
La propuesta del Defensor se trasladará a la comisión asesora de la Iglesia prevista en su Plan de Reparación Integral a Víctimas de Abuso (CPRIVA) para que la evalúe en un plazo máximo de dos meses. Si hay conformidad de las partes (Iglesia y víctima), la propuesta tendrá carácter definitivo y se trasladará a la comisión asesora PRIVA para su cumplimiento y ejecución. Si alguna de las partes muestra su disconformidad, se convocará la comisión mixta, en la que estarán representadas todas las instituciones firmantes, así como asociaciones de víctimas, para tratar de alcanzar un acuerdo en un plazo máximo de un mes. Si eso no ocurriera, prevalecerá la valoración del Defensor del Pueblo.
La Iglesia católica deberá dar cumplimiento a las medidas reparadoras. Si no lo hiciera directamente la diócesis, instituto o entidad religiosa responsable, la Conferencia Episcopal y la Conferencia Española de Religiosos garantizarán su cumplimiento. Eso es lo que ha asumido por escrito la CEE.
No habrá baremos; la CEE se opuso a que hubiera. La inclusión de desnudos y los criterios de valoración era la reclamación principal de las víctimas, como garantía de equidad y de transparencia. No fueron incluidos en el acuerdo firmado, pero Ángel Gabilondo sí dejó claros los criterios que se tendrán en cuenta: edad de la víctima, la violencia ejercida, la duración, y la relación entre la víctima y el victimario. En una reunión que Bolaños mantuvo el pasado día 7 con algunas asociaciones de víctimas, cuando le insistieron sobre la importancia de los baremos, dijo: “Si el Defensor del Pueblo considera que son una herramienta de evaluación útil y que evita agravios y considera que se deben implementar, pues lo aceptaremos y se implementarán”.
