La CGT sostiene en su presentación ante la Justicia Laboral y el Contencioso Administrativo que la iniciativa, aprobada en el Senado el viernes último y aún no promulgada por el mandatario, es inconstitucional, regresiva y violatoria de los derechos de los trabajadores.

«Venimos a ejercer nuestro derecho a peticionar. Confiamos en un poder republicano como la Justicia, en su objetividad y en que va a cuidar el cumplimiento de la Constitución Nacional», afirmó Jorge Sola, uno de los tres cosecretarios generales de la CGT.

En un comunicado que circuló por X, la Confederación afirmó que “es falso que esta reforma laboral persiga aumentar el empleo y pasar a trabajadores informales a puestos formales”.

«Los graves problemas de pobreza, desempleo, precarización y continuo deterioro de la situación social en Argentina no son derivados de las leyes que rigen el universo laboral, sino son consecuencias directas de la falta de crecimiento y de inversión productiva en las macros y micros políticas del gobierno nacional».

Para la central obrera la reforma representa “una grave afectación de derechos colectivos e individuales, que violan expresamente principios constitucionales”. La CGT destaca específicamente dos:

El Principio de Progresividad o No Regresión: impide adoptar medidas injustificadas que supongan un retroceso en los derechos laborales adquiridos.

El Principio Protectorio: se basa en la desigualdad estructural entre empleadores y trabajadores.

Paralelamente, la Asociación Gremial de la Abogacía del Estado impulsó de manera formal la primera acción judicial contra la reforma laboral, que coincide con la presentación del recurso de amparo de la CGT y genera una mayor presión sobre el ejecutivo.

A través de esta presentación, que se configuró bajo la figura de una demanda colectiva, la entidad sindical busca cuestionar la constitucionalidad de los múltiples puntos que integran la normativa impulsada por la Casa Rosada.

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